De acuerdo a lo establecido por la nueva Ley de Educación Superior se requiere el establecimiento de criterios y estándares comunes de evaluación para el nuevo sistema de acreditación. Esto, luego de que el nuevo marco legal modificara diferentes aspectos del Sistema de Acreditación de la Educación Superior y los roles de los distintos actores involucrados para la evaluación tanto de las instituciones como de los programas académicos. Con ello en vista, la Comisión Nacional de Acreditación (CNA) convocó a una fase de consulta pública, instancia en que nuestra Universidad se encuentra participando activamente a través de la realización de jornadas de trabajo, realizadas con éxito el 8 y 15 de enero.
Así, y alineada con acuerdos previos de nuestra propia institución, la vicerrectoría de Asuntos Académicos organizó a través de la Unidad de Autoevaluación, Acreditación y Calidad, junto a la Unidad de Análisis Institucional y Datos, y el Departamento de Postgrado y Postítulo dos jornadas de trabajo con académicos y profesionales con el objetivo de preparar una propuesta institucional que cumpla con los planteamientos legales, pero al mismo tiempo contemple las necesidades y características propias de esta institución y contribuya, a partir de la experiencia de nuestra Casa de Estudios, con una propuesta al país.
"Esa discusión ha provocado mucho interés en la U. de Chile. Hemos tenido dos jornadas de trabajo, dónde han estado representados distintos actores de la Universidad. Del trabajo grupal y temático que hemos podido producir, han salido muchas ideas y muchas orientaciones que, esperamos, podrían complementar y enriquecer la discusión pública que se de sobre el tema, y esperemos que esto incentive- además de esta agenda corta- una agenda larga de trabajo y discusión interna acerca de los temas de calidad para el mejoramiento continuo", sostuvo Cecilia Dooner, coordinadora Ejecutiva de la Unidad de Autoevaluación, Acreditación y Calidad.
Un desafío no menor considerando que la acreditación institucional propuesta por la nueva Ley de Educación Superior evaluará dimensiones específicas de la actividad de las instituciones educativas sobre la base de criterios y estándares fijados previamente que deben ser cruzados con la misión que ellas mismas han definido y descriptores que expresan el nivel de desempeño o de logro progresivo de un criterio, determinado de manera objetiva para cada institución en base a evidencia obtenida en las distintas etapas de los procesos de acreditación institucional correspondientes.
Estas dimensiones, criterios y estándares para la evaluación de instituciones y programas académicos entrarán en vigencia desde 2020, de manera de evaluar las 5 áreas de acreditación.
